La Fiscalía investiga presuntas anomalías y maltrato animal en San Andrés Cholula, en un caso que ha desatado fuerte polémica y tensión política en el municipio. La indagatoria se centra en el Centro de Bienestar Animal local, tras una denuncia formal presentada por un profesionista del área veterinaria.
De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, el pasado 27 de febrero de 2026 se inició una carpeta de investigación por la posible comisión de delitos contra los animales. El expediente se encuentra en etapa inicial, enfocada en la recopilación de datos de prueba, revisión documental y análisis de procedimientos internos.
El municipio de San Andrés Cholula es gobernado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle. Hasta el cierre de esta edición, el ayuntamiento no había emitido un posicionamiento adicional respecto a los señalamientos que hoy generan controversia pública.
Fiscalía investiga presuntas anomalías y maltrato animal en San Andrés Cholula: los señalamientos
La denuncia fue interpuesta por un médico veterinario que laboró en el Centro de Bienestar Animal. En el recurso legal, el profesionista expone que durante su estancia detectó presuntas irregularidades en el manejo clínico y sanitario de los ejemplares bajo resguardo.
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Entre los hechos señalados destacan aparentes deficiencias en las condiciones de higiene al interior de las instalaciones. Según lo denunciado, estas situaciones podrían comprometer el bienestar de los animales que permanecen en el centro municipal en espera de adopción o atención médica.
Uno de los puntos más delicados es la supuesta aplicación de biológicos con fecha de caducidad vencida. De comprobarse, esta práctica podría representar una falta grave a los protocolos sanitarios establecidos y derivar en responsabilidades administrativas o penales.
Asimismo, el denunciante señaló posibles inconsistencias en los procedimientos de eutanasia practicados en el centro. La normatividad vigente en materia de protección animal establece lineamientos específicos para garantizar un trato digno y humanitario, por lo que cualquier desviación podría constituir una infracción legal.
Registros de adopción y procedimientos médicos bajo lupa
La Fiscalía investiga presuntas anomalías y maltrato animal también en el ámbito administrativo. De acuerdo con la información oficial, se revisan registros relacionados con adopciones y procedimientos médicos efectuados durante el año pasado.
El análisis documental forma parte de las diligencias ministeriales en curso. Estos registros permitirán determinar si existieron inconsistencias en los controles internos del Centro de Bienestar Animal o si las operaciones se realizaron conforme a la normatividad.
La autoridad ministerial reiteró que las personas señaladas serán investigadas conforme a derecho y bajo el principio de presunción de inocencia. Hasta el momento no se ha informado sobre imputaciones formales ni medidas cautelares.
Fuerte polémica política y social en San Andrés Cholula
El hecho de que la Fiscalía investigue presuntas anomalías y maltrato animal en San Andrés Cholula ha provocado reacciones inmediatas entre colectivos animalistas y ciudadanos. Diversas voces han exigido transparencia y una investigación exhaustiva que garantice el bienestar de los animales.
El Centro de Bienestar Animal tiene la responsabilidad de resguardar, atender médicamente y promover la adopción responsable de perros y gatos en el municipio. Por ello, cualquier señalamiento relacionado con su funcionamiento genera preocupación social.
Especialistas en protección animal subrayan que los centros municipales deben cumplir estrictamente con protocolos clínicos, sanitarios y administrativos. La correcta aplicación de biológicos, la adecuada higiene y el manejo ético de procedimientos como la eutanasia son pilares fundamentales para garantizar el trato digno.
Mientras la carpeta de investigación avanza, el caso se mantiene en observación pública. La resolución dependerá de los elementos que logre integrar la Fiscalía en las próximas semanas. De acreditarse responsabilidades, podrían aplicarse sanciones conforme a la legislación estatal vigente.
Por ahora, la investigación sigue abierta y el gobierno municipal enfrenta una fuerte polémica que podría tener repercusiones administrativas y políticas.
